Tunari, el más consentido, pero olvidado de los parques

 Historia y realidad | La problemática en torno al Parque Nacional Tunari parece más una ficción con final inconcluso que una cronología de hechos reales. La política de protección de este lugar data del gobierno de Paz Estenssoro (años 80), pero los loteamientos están a la orden del día.

Precarias construcciones ilegales por encima de la Cota 2.750 del Parque Nacional Tunari. - José Rocha Los Tiempos

Los Tiempos, Óscar E. Jordán Arandia.- Incendios, loteamientos, apropiaciones indebidas y un ir y venir de disputas jurídicas, mediáticas, verbales y físicas es lo que gira en torno al Parque Nacional Tunari (PNT), única verdadera reserva forestal y acuífera que tiene el eje metropolitano del departamento de Cochabamba.
Las desavenencias y fisuras entre los seis municipios que comparten jurisdicción con el PNT —Cercado, Quillacollo, Sacaba, Tiquipaya, Colcapirhua y Vinto— además del Estado —mediante el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap)— y gobiernos municipales y departamentales aún no están resueltas, aunque abundan las reuniones, los talleres, las jornadas, los debates y, por supuesto, las denuncias y las peleas.


Pero, ¿qué hace que una reserva natural genere tanto debate y desacuerdo entre todos los que, de una u otra manera, participan de las gestiones del parque?

Sin duda, la razón más fuerte es el control de tierras y la posesión y venta de terrenos con fines estrictamente lucrativos y para beneficio personal de aquellos que han encontrado la manera de legalizar su arbitraria posesión. Los loteamientos y la apropiación indebida de tierras están presentes en el Parque desde su misma creación, en marzo de 1962, con el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro.

La razón principal para que se crease por Ley nacional el PNT y la promulgación de las futuras —y abundantes— normativas reglamentarias, modificatorias, abrogatorias y similares ha sido, hoy, olvidada. Y los grandes defensores de la ecología y el medio ambiente desdeñan, entre sus argumentos para exigir que se cumplan las leyes, no toman en cuenta esta primera y fundamental causa.

Cuando el Consejo de Ministros del presidente Estenssoro promulga en La Paz, primero el Decreto Supremo 06045 y luego la Ley 253 que ratifica dicho D.S., argumenta razones estrictamente concernientes a la atención a desastres y emergencias climáticas. Los derrumbes y deslizamientos de tierras a causa de la inestabilidad del suelo, debido a la erosión y falta de forestación de la zona, eran preocupación nacional.
En ese entonces, medio siglo atrás, los efectos devastadores de las inundaciones, desbordes y desvío de aguas impulsaron al Gobierno a decretar normas de prevención y atención. Los ministerios de Gobierno, Agricultura y Justicia fueron los responsables de llevar adelante el cumplimiento de estas normas. Así, con una necesidad estrictamente climática, se inició la creación del Parque Nacional Tunari.
Hoy, ante la innegable inestabilidad del clima mundial, estas razones constitutivas para crear el PNT, desdeñadas por casi todos, son más actuales que nunca.

Grandes problemas
En la actualidad, el problema principal del PNT es el incumplimiento total de normas. Los efectos son varios pero principalmente tres: el desequilibrio ambiental (que generan las emergencias por inundaciones, desbordes, etc.), la deforestación y quema de árboles (casi siempre provocados para habilitar tierras de cultivo y venderlas ilegalmente) y la urbanización sistemática (que no sólo es cadena de violaciones consecutivas de normas sino que afecta a la recarga acuífera de todo el valle).

En la nueva estructura de Estado, con una reconfigurada participación estatal en la gestión de recursos naturales, reforzada con leyes nacionales, departamentales y municipales, aún existen vacíos legales que evitan verdadera gestión en el PNT.

Hace menos de 10 días, estaba a punto de lograrse un acuerdo unánime entre gobiernos municipales con jurisdicción en el PNT para garantizar la “voluntad política” de llevar adelante gestiones que permitan coordinar futuras acciones en este parque. Pero, como era previsible, no fue así y aunque sí se firmó un convenio no fue un acuerdo unánime. Sacaba se negó a firmar, alegando la poca socialización previa de este acuerdo.

Ahora se está haciendo un estudio que recopilará los documentos y estudios existentes referidos al PNT que están dispersados y muchos de ellos extraviados. La elaboración de un censo que identifique el número de viviendas legales en el lugar también está en marcha.
Falta mucho para hacer y muchos problemas de por medio.

Muchos y muy poco
Los responsables de llevar adelante la gestión del parque son muchos, por no decir todos, lo que hace muy difícil que se logren acuerdos comunes entre los actores de la gestión ambiental en el Tunari. La cosa se agrava por la poca cordialidad que existe entre las comunidades ya establecidas en el PNT, las cuales prácticamente viven en pleitos judiciales por temas limítrofes o avasallamientos, loteamientos y modificaciones urbanas.

Mientras tanto, las lluvias siguen, como cada año, dejando sus huellas en la ciudad, provocando emergencias y desastres.

Además, la crisis en el abastecimiento de agua, potable y para riego, se hace cada vez más evidente por la falta de capacidad de recuperación en las fuentes de agua subterránea en la zona que están siendo obstaculizadas por el cemento de las nuevas viviendas o contaminadas por las conexiones de alcantarillado.
Las autoridades prefieren comprar hachas y mangueras para combatir el fuego que tomar determinaciones radicales y esforzarse en hacer cumplir las leyes actuales. Los incendios continúan y hasta ahora no hay ni un solo detenido por el delito de quema.

Las comunidades y Organizaciones Territoriales de Base (OTB) que viven por encima del límite de urbanización permitido (Cota 2750) —que son cientos sólo en Cercado— exigen el cambio de uso de suelos para que, así, sus asentamientos se hagan totalmente legales.
Las autoridades ignoran qué cantidad de asentamientos son legales o no. Los títulos de propiedad ya no son ninguna garantía pues han sido vendidos y traficados desde hace varios años, sin control alguno.
Las resoluciones municipales son ignoradas abiertamente y la presión de vecinos hace que, en varias ocasiones, se resuelva dejar sin efecto alguna norma o aceptar los asentamientos de loteadores.

Sin plan inicial
El Parque Nacional Tunari, contemplaba, al inicio de su creación, no sólo la urgencia de forestación de bosques permanentes con árboles del lugar y otros para explotación comercial, sino que además preveía viviendas ecológicas adaptadas con huertos propios. Nada de esto trascendió más allá de los papeles oficiales.

El plan general inicial para la construcción del PNT comprendía: levantamientos fotográficos y aereofotogramétricos; estudios de conservación de suelos y obras de ingeniería para la regularización del régimen de torrenteras; estudios agrológicos, climatológicos y serviculturales para la elaboración de un plan de forestación integral, con especies adecuadas y formación de bosques permanentes especiales, protectores y de explotación; estudios y obras urbanísticas para la formación de unidades vecinales con huertos frutales de una extensión superficial mínima de 5 mil metros cuadrados, y una densidad de edificación máxima del 5 por ciento y edificación de barrios de vivienda.