El voto resolutivo fue emitido por las organizaciones sociales del agua y el medio ambiente, entre las cuales se encuentra la Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable y Saneamiento y la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería.
La propuesta de la nueva Ley de Aguas por parte de la organizaciones sociales del país fue presentada hace un año ante la Asamblea Nacional Legislativa, pero hasta la fecha “no hemos tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades nacionales ni departamentales y nadie se ha pronunciado al respecto de la propuesta”, según el documento.
Según las conclusiones de ese encuentro, “la problemática hídrica es cada vez peor, la escasez, la contaminación, los conflictos se profundizan”, mientras que el “modelo extractivista, típicamente capitalista y neoliberal ha ocasionado en Bolivia una serie de problemáticas graves afectando a nuestras fuentes de agua y al medio ambiente”.
Los dirigentes, explicaron que otras instituciones del país han presentado “propuestas normativas elaboradas sin participación social, sin tratamiento responsable, copiadas de otros países ajenos a nuestra realidad, exclusivas y discriminatorias”.
En cambio, la llamada “Cumbre Social”, que organizó el Gobierno sólo exige una “elaboración de la política nacional del agua y después la Ley de Aguas, sin considerar la capacidad técnica para hacerlo y dejando sin plazo el tratamiento de esta norma”, pero al mismo tiempo “existen vacios normativos para tratar la problemática ambiental”.
El encuentro nacional de comunidades afectadas por la minería, han resuelto “luchar incansablemente por la aprobación de la Ley de Aguas para la protección de la vida, porque el agua es vida”, pero al mismo tiempo, se ha decidido “defender los recursos naturales, los derechos colectivos, usos y costumbres ante el saqueo y contaminación del medio ambiente en todo el territorio boliviano”.
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