El ALBA preocupada en la COP17

Mónica Oblitas | Especial para Los Tiempos desde Durban

La conferencia de prensa brindada ayer por la mayoría de los países miembros del ALBA (Bolivia, Cuba, Nicaragua, Ecuador y Venezuela) dejó claro que estas naciones no comparten el optimismo que ha reflejado hasta ahora el Secretariado Ejecutivo de la UNFCCC, y que se encuentran unidas en sus demandas, aunque tengan algunas diferencias menores. 

              Video: http://www.youtube.com/watch?v=ZAvpjj2qlUg

 La preocupación del ALBA se centra en la extensión de un segundo periodo del Protocolo de Kyoto (PK) y en las fechas que se establecen para compromisos puntuales de reducción de emisiones por parte de los países desarrollados. Alerta además de la necesidad de mantener este mecanismo que es el único sistema jurídicamente vinculante con el que cuenta la Convención. El ALBA considera que el PK puede mejorarse y complementarse, pero no sustituirse.  

René Orellana, jefe de la delegación boliviana ante la Conferencia de las Partes (COP17), que se realiza en Durban, Sudáfrica hasta este viernes, se refirió al documento que se ha presentado por parte del Grupo de Trabajo de Cooperación de Largo Plazo, señalando que la mayor preocupación del ALBA está concentrada en que no existe un sistema de cumplimiento riguroso para garantizar que los países que han decidido no suscribir un segundo periodo del PK (Japón, Canadá y Rusia), puedan tener un régimen técnico y jurídico que garantice que reducirán sus emisiones. “Estos países no pueden saltar hacia la nada, debemos diseñar en Durban un régimen de control, monitoreo y verificación, de lo contrario sólo su buena voluntad será la única señal que recibiremos para saber si redujeron lo que dicen que reducirán.” 

Orellana alertó que el documento que se ha presentado hasta el momento, no establece un sistema de cumplimiento ni de control. Tampoco especifica un sistema de contabilidad de emisiones, ni un sistema para transformar las ofertas de reducción de estos países en reducciones cuantificables. “Por el contrario, este documento incluye flexibilidades, sólo hace compromisos políticos, con bajas ambiciones, los análisis son generales, y lo peor es que se amplían los mecanismos de mercado”, dijo Orellana. 

Según el ALBA, el documento carga a los países en desarrollo, sin cumplir los principios de responsabilidad común pero diferenciada, un conjunto de instrumentos de control muy rigurosos, entre ellos reportes de emisiones de gases, comunicaciones nacionales, inventarios de emisiones, registro de acciones nacionales para la mitigación, realizadas con fondos nacionales y con financiamiento externo, análisis internacional, etc. “Todos estos controles nos van a poner a nosotros (los países en desarrollo) en el paredón, sin respetar el principio de responsabilidad común, pero diferenciada. Es decir que los países que dejan el PK salen a una fiesta, mientras que nosotros estaremos bajo el microscopio haciendo grandes esfuerzos, mientras ellos no cumplen con su respuesta a la responsabilidad histórica que la ciencia ha demostrado que tienen”, señaló René Orellana. 

Por su parte, la venezolana Claudia Salerno, jefa de la delegación venezolana, dijo que no se han visto en Durban avances significativos respecto a la extensión de un segundo periodo del PK, “faltan pocos días para el cierre de esta conferencia, esperamos que ahora que se inicia el segmento de alto nivel pueda darse un empuje a temas que son críticos para resolverse en Durban y que no pueden esperar más. Uno de ellos es el segundo periodo del PK, pero no queremos cualquier extensión, queremos negociar la calidad de ese segundo periodo de compromiso para que sea significativo, que sea concreto en cuanto a la reducción de emisiones, y que establezca un periodo que permita la consideración completa de los estudios de la ciencia. Estamos comprometidos, queremos un buen resultado en Durban, pero estamos comprometidos con un resultado que sea significativo para el planeta.” Salerno negó categóricamente que Venezuela esté exigiendo medidas de compensación por la no exportación de petróleo.

Paul Oquist, Ministro de la Presidencia de Nicaragua, refiriéndose al tema económico, dijo que a dos años del Acuerdo de Copenhague lo que se hace visible es el fracaso del voluntarismo. También dejó claro que las naciones del ALBA están de acuerdo con la creación del Fondo Verde que se estableció en Cancún, pero llamó la atención sobre la falta de claridad al respecto de las fuentes de financiamiento. “El tema del financiamiento se ha sacado de las Naciones Unidas, y está tratándose en el G-20, que no tiene ninguna base jurídica, y está formado por los más ricos y los más poderosos del mundo, que no incluyen los intereses de los países en desarrollo. Es muy importante definir las fuentes de financiamiento para el Fondo Verde. Los países del ALBA quieren la aprobación del Fondo Verde y que se apruebe aquí en Durban, consideramos que es muy importante y que se debe aprobar un documento sólido, porque el primero ha sido discutido sólo entre el G-20, no entre las partes. Queremos plantear a los países desarrollados que no quieren revisar ese documento, el por qué se oponen a que el Fondo Verde se haga bajo la autoridad de la COP y dentro de Naciones Unidas y no sólo bajo el control de su consejo de dirección que lo haría independiente, y por qué se oponen a la identificación de las fuentes de financiamiento del Fondo.”

Finalmente la ecuatoriana Fernanda Espinosa, Ministra Coordinadora de Patrimonio, dijo que la primera semana de negociaciones no permite ser optimistas a los países del ALBA, y recalcó la importancia fundamental de un segundo periodo para el PK. “El Ecuador ha enviado una propuesta proponiendo un sistema de monitoreo y verificación para los mecanismo de financiamiento, queremos ver con transparencia cómo se están ejecutando los fondos comprometidos. Ni el 9% de los fondos comprometidos han sido invertidos en los países en desarrollo. Vemos, en el tema financiero, muchos baúles vacíos de recursos pero llenos de retórica”. Espinosa señaló también que no hay recursos para la adaptación, ni para la iniciativa REDD, ni para la mitigación. “No hemos sido capaces de hacer operativos los acuerdos que se hicieron en Cancún, en ninguno de los aspectos. El escenario no es muy prometedor hasta ahora.”